34º aniversario de la masacre de Margarita Belèn

Las circunstancias hicieron que el trigésimo cuarto diciembre después de aquella luctuosa jornada, los familiares de las víctimas, los ex detenidos, las agrupaciones sociales y hasta los funcionarios públicos que asistieron a la conmemoración, tuvieran un motivo para celebrar y esperanzarse: la “Causa Caballero”, antecedente ineludible en la búsqueda de Justicia que termina en Margarita Belén, había llegado a su fin con una “sentencia ejemplar”.

Una multitud emocionada celebró el fallo judicial y recordó con dolor una de las páginas más tristes de la historia provincial. En el remozado monumento que recuerda la tragedia, funcionarios provinciales, agrupaciones sociales, ex detenidos y familiares de desaparecidos, se confundieron en un aplauso respetuoso en lo que consideraron una histórica jornada.

“Es un día histórico, porque la Causa Caballero ha llegado a su fin con una sentencia ejemplar para aquellos torturadores y genocidas que participaron en un hecho siniestro”. Así lo aseguró el gobernador Jorge Capitanich a 34 años de la Masacre de Margarita Belén, donde una multitud celebró el fallo judicial de esta mañana y recordó con dolor una de las páginas más triste de la historia del Chaco en el remozado monumento que recuerda a los 22 caídos en aquella madrugada del 13 de diciembre de 1976.

Junto al gobernador del Chaco participaron del emotivo y multitudinario acto, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Bogado; el subsecretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela; el director de Área de Fronteras, Juan Carlos Goya; representantes del movimiento H.I.J.O.S. y de agrupaciones sociales, ex detenidos, familiares de desaparecidos y público en general. “Recordamos 34 años de la masacre con un juicio oral en ejecución. Estimamos que el año próximo conmemoraremos este evento desde otra perspectiva, porque definitivamente tendremos la sentencia que implica la condena a aquellos que generaron hechos aberrantes que constituyen crímenes de lesa humanidad”, destacó el primer mandatario provincial.

En su momento, el Estado provincial se convirtió en querellante en la causa Margarita Belén, con el objetivo de generar las condiciones que permitan definitivamente una sentencia. “No es un día más. Hoy, a 34 años, visualizamos una luz al final del túnel. Esto es que el juicio y castigo a los culpables llega por una vía judicial sobre la base de una sentencia condenatoria, que significa una reivindicación para aquellos que han luchado para que estas causas se esclarezcan”, ponderó el titular del Ejecutivo provincial.



Finalmente, destacó todo el proceso vivido desde la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en 2003. “Me tocó encarnar desde el Estado una política de derechos humanos que es un ejemplo a nivel internacional. Esto implica el compromiso del Estado para el esclarecimiento de estos hechos aberrantes. Por eso, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; memoria, verdad y justicia; juicio y castigo a los culpables; se inscriben claramente en una reivindicación objetiva de que el Estado intervenga activamente”, concluyó Capitanich.

UN ANTES Y UN DESPUÉS
El abogado Mario Bosch, representante de familiares, víctimas y querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destacó que los acusados recibieron las máximas condenas previstas en el ordenamiento jurídico penal. “Esto marca un antes y un después porque significa que, en la Argentina nueva y de la diversidad, nunca más se podrá torturar, matar y violar por pensar distinto”, enfatizó.

“Hoy tuvimos un paso muy importante que fue darle juzgamiento a doce de los imputados en la Causa Caballero. En realidad, tendrían que haber sido más los juzgados pero varios murieron impunes como el ex fiscal Flores Leyes”, trazó Bosch. Por último, ratificó que la premisa y el compromiso es continuar con los juicios “hasta que todos los genocidas sean juzgados, hasta ubicar los restos de todos los desaparecidos y hasta recuperar todos los menores apropiados”.

A su turno, uno de los ex detenidos durante la dictadura militar, Juan Manuel González expresó sentirse sorprendido, “en un 13 de diciembre atípico que nos da la respuesta para muchos años de esperanza”. “Con este fallo el Estado a través de la Justicia nos devuelve la confianza. Me emocioné durante la sentencia y no pude emitir ninguna palabra, solamente un aplauso respetuoso”, resaltó González. Así concluyó: “Fue fundamental el acompañamiento del Estado nacional y provincial, porque el apuntalamiento de todas las instituciones logró este acto de justicia mediante los procedimientos judiciales y legales”.

HISTÓRICA CONDENA
En el primer juicio que juzgó en la Provincia delitos de lesa humanidad cometidos por ex militares y policías durante la última dictadura militar, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó hoy a 25 años de cárcel común a 10 de los 12 ex militares juzgados. Mientras que dos policías recibieron penas de 15 años de prisión.

La denominada Causa Caballero juzgó los delitos cometidos contra 27 víctimas sobre un total de centenares que pasaron por los centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas. Por ello, se descuenta que habrá una segunda parte de la Causa Caballero, que involucrará a otros imputados.

Minutos después del mediodía, los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal dieron lectura a la sentencia contra los ex militares y policías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el período comprendido entre 1974 y 1979 en la ex Brigada de Investigaciones y otros ex centros clandestinos de detención de la provincia del Chaco. Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Meza, Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Álvarez, Rubén Roldán y Oscar Galarza fueron condenados a 25 años de prisión en cárcel común por el delito de “tormento agravado”. En tanto, los ex policías Ramón Gandola y Enzo Breard recibieron penas de 15 años de prisión.

Asimismo, el Tribunal dispuso que nueve de los imputados sean traslados y alojados en la Unidad del Servicio Penitenciario Federal correspondiente. En tanto, respecto del resto de los acusados, restan resolver cuestiones vinculadas a arrestos domiciliarios (Meza y Caballero) y excarcelación (Gandola).